La nueva financiación de RTVE, necesaria tras el anuncio de que se iba a dejar de emitir publicidad en la televisión pública, está trayendo más polémica de la esperada. El tema más caliente  está en la negativa de las operadoras de telecomunicaciones a pagar el 0,9 por ciento de sus ingresos anuales para financiar la nueva televisión pública sin anuncios como les exige la ley. Ha llegado hasta tal punto el conflicto, que  los “telecos” han decidido poner todo este tema en manos de un juez para que sea él quien decida sobre la legalidad de la misma.

A este respecto, la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, ha garantizado a la Comisión Europea (CE) que el nuevo modelo de financiación de RTVE cumple con la normativa comunitaria,  mostrando su confianza en que Bruselas no ponga  ninguna traba.

En el encuentro mantenido en Estrasburgo, Fernández de la Vega presentó a Neelie Kroes, comisaria de Competencia de la CE, las líneas principales de la ley de financiación de RTVE, que acaba de entrar en vigor. Ahora son ellos quién deben analizar en profundidad el expediente, para así poder evaluar si dicha propuesta es compatible con el derecho comunitario.

El nuevo modelo prevé que TVE deje de emitir publicidad y pase a beneficiarse de un porcentaje del 3 por ciento sobre los ingresos de las televisiones privadas estatales en abierto, del 1,5 por ciento de los operadores de pago y del ya comentado 0,9 por ciento de los operadores de telecomunicaciones.

La preocupación de Bruselas es que dichos impuestos, necesarios para compensar la caída de ingresos,  posibiliten que la recaudación sea superior a los costes del propio servicio público. Para de la Vega con esta medida se diluyen las dudas sobre una posición de dominio o competencia desleal por parte de la televisión pública española.

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